La Universidad Nacional reveló que el 90 por ciento de las investigaciones en biodiversidad se lleva a cabo sin la autorización del Ministerio de Medio Ambiente.

Según Gonzalo Andrade, asesor de la Vicerrectoría de Investigaciones de esta entidad educativa, “en quince años no ha funcionado y no va a funcionar el sistema normativo que regula estos proyectos. El decreto solo ha estado entorpeciendo la investigación con fines científicos”.

El decreto fue creado con la ayuda de Andrade y Cristian Samper, ex director del Instituto de Investigación Alexander von Humboldt. Sin embargo, el funcionario de la Universidad asegura que las resoluciones que se firmaron luego de que la ley entrara en vigencia han distorsionado los artículos originales.

“Si usted lee el decreto sigue siendo un texto bastante sano. Los problemas empezaron cuando el Ministerio de Ambiente comenzó a reglamentarlo”, afirmó Andrade.

Más de tres años de burocracia  

Para desarrollar un proyecto de investigación sobre biodiversidad en Colombia, la entidad interesada debe solicitar al organismo gubernamental un permiso que, actualmente, se demora cerca de tres años y medio en ser otorgado.

“Inicialmente, el Ministerio realiza una verificación de los documentos y, si encuentra que falta información, pide a las universidades que la anexe. El problema es que en la revisión de fondo se imponen más y más requisitos”, aseguró José Manuel Martínez, asistente administrativo de la Universidad Nacional y encargado de la investigación normativa que la entidad está adelantando sobre el tema.

Los investigadores aseguran que los datos que exige la entidad son demasiados. “Tenemos que enviar las coordenadas geográficas específicas en donde se va a hacer la recolección de las muestras, el título, los objetivos, la fuente financiadora, entre otros. Además, debemos llenar varios formatos”, manifestó Andrade.

Rodrigo Moreno, funcionario del programa Políticas y Legislación del Instituto Humboldt, aseveró que tantos requerimientos hacen los trámites dispendiosos. “Casi parten de un principio de desconfianza con el investigador”, declaró.

Pero ahí no termina todo. Aquellos proyectos que durante su desarrollo acceden a recursos genéticos deben realizar una segunda solicitud. 

“De 565 investigaciones que se están ejecutando actualmente, solo a 46 se les ha otorgado este permiso, en quince años. Es decir, únicamente hay 46 legales”, declaró Andrade. 

Otra ‘talanquera’ 

Cuando las investigaciones se desarrollan en una zona habitada por etnias indígenas, afro o raizales, los encargados del proyecto deben realizar una consulta previa a esas comunidades a través del Ministerio del Interior. Ese trámite se demora entre seis meses y un año.

“Son mínimo unas 4 ó 5 reuniones por comunidad en las cuales se les informa en qué consiste la investigación. El problema es que los costos corren por cuenta de las universidades. Los investigadores deben pagar los desplazamientos, el hospedaje y la alimentación de los funcionarios del Ministerio de Ambiente y del Interior y de los representantes de las étnias”, contó Rodrigo Moreno. 

“Uno entiende eso en unos escenarios en donde la actividad afecta de manera importante el territorio, por ejemplo, una explotación minera o una obra de telecomunicaciones, pero para una investigación no debería ser tan riguroso. No se está pidiendo que eliminen las consultas si no que se agilicen”, continuó. 

Sin embargo, ante este reclamo, Xiomara Sanclemente, directora de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente, argumentó que “ la consulta previa no es un mero trámite, sino un derecho de naturaleza fundamental de las comunidades étnicas”.

Para Ksokaku Busintana, abogado y líder arhuaco, la consulta no es un tema de ley, sino de respeto. Aseguró que las reuniones se extienden porque los investigadores no aportan suficiente información sobre la actividad que van a desarrollar. “Una cosa es informar y otra es consultar. Para nosotros el suelo es un santuario y por esa razón, los mamos prefieren apoyar proyectos serios, no por una simple tesis”, aseveró.

Los costos por proyecto son altos. José Manuel Martínez expresó que, incluyendo el precio de los permisos y la realización de la consulta previa, la inversión está entre los ocho y quince millones de pesos.

En busca de soluciones

Sanclemente reconoce que se han  presentado demoras e inconvenientes en la obtención de permisos. “ Somos consientes de la necesidad de buscar soluciones ante las inquietudes presentadas por la comunidad científica y académica, en materia de permisos de investigación. Por esa razón, estamos liderando el proceso de modificación del decreto”, afirmó.

A través de mesas de participación, la entidad ha propiciado espacios de discusión y retroalimentación con las entidades públicas, académicas y científicas, para generar propuestas normativas que  simplifiquen los trámites y disminuyan los tiempos de obtención. 

La reforma plantea un permiso sombrilla que ampararía a todos los proyectos de investigación que registren las instituciones ambientales  y entidades universitarias por un periodo de diez años.   "No revisarían proyecto por proyecto. Solamente la universidad inscribiría ante el Ministerio la línea de investigación en la que va a trabajar, de tal manera que, si en el siguiente año tiene un nuevo proyecto, solo tendría que incluirlo en el enfoque ya instaurado”, afirmó Rodrigo Moreno, quien ha participado activamente en los debates.

Actualmente, el  tema se está discutiendo con el objetivo de establecer las condiciones de su implementación y los requisitos que debe cumplir una institución para acceder a este contrato.