“El decreto de Ley necesita ser cambiado, empezando por su redacción. Es un decreto que nos afecta a nosotros los médicos y a la sociedad”, afirmó Javier Pérez, presidente de la Asociación colombiana de sociedades científicas.

Toda la inconformidad planteada por este grupo de médicos, encabezado por el doctor Javier Pérez, presidente de la Asociación Colombiana de sociedades científicas, se debe a que el decreto de ley 131, como se presentó en un principio, anunciaba serias sanciones en contra de los médicos. Si estos decidían formular a sus pacientes medicamentos, o autorizar procedimientos fuera del nuevo Plan Obligatorio de Salud (POS), podrían ser castigados con multas de hasta de 50 salarios mínimos, lo cual equivale a unos 26 millones de pesos.

Tal fue la reacción de inconformidad de este grupo de galenos, que se vieron en la necesidad de declarar como persona no grata al ministro de la Protección Social, Diego Palacio.

“Él sigue siendo una persona no grata. El presidente ha querido intermediar, pero eso no tiene marcha atrás”, Pérez comentó para Unisabana radio.

Tanto impacto ha causado la actual reforma de la salud y la inoportuna atención en los centros asistenciales, que ha permitido que cerca de 27 mil personas quieran cambiarse de EPS subsidiadas porque no ven en estas una clara solución a sus problemas médicos.

“Eso se debe a la gigantesca demanda que actualmente existe para adquirir un buen servicio de salud. Lo cual genera más problemáticas, porque las EPS no tienen la capacidad para suplir esas necesidades, ni económicamente ni con su infraestructura.”

Así mismo, la Emergencia Social ha producido una alza, no sólo en la salud, sino también en el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), en el cigarrillo y en la cerveza. Por medio de estos mecanismos el Gobierno espera recaudar 350 mil millones de pesos, que serían destinados al mejoramiento del sistema de salud.